Como profesional con un bagaje de más de 20 años enseñando técnicas tanto a profesionales de la seguridad privada como a fuerzas y cuerpo de seguridad del estado ,encuentro el mismo problema que muchos de mis colegas que en un improvo esfuerzo intentan establecer una serie de pautas e instrumentos prácticos para el devenir de la actuación genérica en la intervención policial.
He aquí el problema, la habilitación general que hace la legislación policial acerca del uso de medios potencialmente lesivos para los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos, limitada , sobre todo, por la restricción que representa la idea de proporcionalidad, se malinterpreta en ocasiones por los profesionales del sector , al colocar la misión genérica de impedir los delitos.
Pero es , en realidad, en los supuestos de intervención física y con el uso de armas o dispositivos policiales donde se centra la problemática y el grueso de las resoluciones en los que la aplicación de la eximente de cumplimiento de un deber tiene que hacer frente al uso de la fuerza legal.
El primer y más importante de los controles a la intervención policial es el de legalidad,,sin embargo, el legislador obvia el desarrollo legislativo dejando al Amparo de unos cuantos principios abstractos su actuación concreta.
El art. 104 de la Constitución española establece de manera genérica misiones a las FOFCS sin indicar referencia alguna al cómo o a través de que medios, dejando su desarrollo legislativo a través de Ley Orgánica. El art. 5 de la Ley Orgánica, de 13 de mayo, de fuerzas y cuerpos de seguridad , recoge el asunto de la utilización de la fuerza, sin embargo, tampoco se pueden extraer de estos preceptos nada concreto acerca de cuáles son los medios que pueden utilizar en el desempeño de sus funciones, más allá de una referencia genérica a los principios de congruencia , oportunidad y proporcionalidad que han de presidirlos.
Esto hasta cierto punto podría considerarse lógico, ya que el posterior desarrollo es normal que fuera necesario abordarlo en un nivel legislativo de rango inferior, a través de leyes ordinarias o de Real Decreto. Sin embargo, el legislador ha olvidado tales términos, concediendose tan sólo al uso de las armas una regulación complementaria y en ningún caso dotando a la intervención policial de un protocolo claro de actuación en el que sustentarse como el que ostentan la mayoría de países.
Es por eso que la intervención policial a nivel jurídico se sustenta actualmente más en una casuística jurisprudencia más que en un protocolo reglamentario de actuación, debiendo en ocasiones imbuirse de códigos éticos o deontológicos para completarse en una supuesta correcta actuación legal.
Dejar al profesional policial esta carga sobre sus espaldas, genera bajo mi humilde opinión una situación del todo injusta y que dota a su actuación ordinaria de un peso añadido.
Es por eso , que con un arduo y laborioso esfuerzo de investigación jurídica y marcial de años de trabajo, aportar mi granito de arena , no sólo como profesional marcial sino como jurista con 15 años de experiencia en un juzgado de instrucción, para crear un sistema que aborde la actuación del profesional de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, desde todos los prismas, el de la efectividad más absoluta entrelazada inexorablemente al intento de trabajar desde un Amparo legal que brinde una seguridad jurídica al policía y elimine la arbitrariedad legal en la medida de lo posible en su actuación, que espero ayude a mis tan admirados servidores públicos en aras de su objetivo de una sociedad mejor,.
Jesús Jiménez Abellan es el Maestro jefe de Hapkido Moo hak KWAN España, ha viajado en múltiples ocasiones a Corea del sur junto a su hermano para formarse junto a los Maestros más importantes del mundo.
Asimismo es representante de la Korea Hapkido federation en España, entidad encargada de la formación policial en dicho país. También es licenciado en Derecho por la universidad de Alicante y ha trabajado durante más de quince años en un juzgado de instrucción.
